HA MUERTO CONSTANZA

Constanza Verdugo (Coni) , una valiente muchacha de 19 años, ha muerto en la noche del jueves 10 de mayo. Nació con fibrosis quística, una terrible enfermedad y su única esperanza era el trasplante de pulmones. Por distintas y confusas razones, en los últimos dos años entró y salió de la lista nacional de prioridades para trasplante. La condición social de pobreza de la familia no ayudaba a impulsar su caso.

 Coni era inteligente, empática y comprometida. Ello, naturalmente, le granjeó un círculo amplio de amigos y emprendió una campaña por internet acerca de la donación de órganos, lo que le allegó muchos seguidores en las redes sociales. Por esto se hizo más triste su calvario y su partida para todos quienes la conocieron y a quienes ella inspiró con su espíritu positivo. La lloró el personal del Hospital Exequiel González Cortés, donde era atendida y donde se la despidió el viernes 11 en una emotiva ceremonia, de aquéllas que este hospital reserva para los ritos fúnebres de su propio personal.

 Pero aunque Coni hubiese sido deprimida y retraída, habría tenido igualmente pleno derecho a beneficiarse de todas las oportunidades que ofrecen los avances de la ciencia médica.

 Ella quería vivir, con intenso fervor, en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, consciente del retraso cultural que Chile sufre en materia de donación de órganos, así como la injusticia de nuestras políticas públicas respecto de la atención de salud para los pobres, se hizo cargo, con ojos bien abiertos, de que su muerte temprana era muy probable. Y quiso que su lucha serena y firme sirviera al menos para que el país progrese en su actitud sobre la donación de órganos, el sistema de trasplantes y las políticas de salud. Su caso se hizo ampliamente conocido y fue cubierto por Televisión Nacional y otros medios. Hace unos días atrás, el Dr. Mañalich, Ministro de Salud, la visitó y se dispuso que se la colocara nuevamente entre las prioridades para transplantes. Pero ya era tarde. Su condición estaba muy deteriorada.

 El criminal atentado contra Daniel Zamudio fue una clarinada de alerta sobre la discriminación por razones de orientación o identidad sexual. La muerte de Constanza Verdugo no fue fruto de un atentado, pero sí de la desidia y el retardo. Desidia, porque domina entre nosotros un prejuicio primitivo contra la donación de órganos, el cual debe enfrentarse con adecuadas campañas públicas de educación y difusión. Retardo, porque pese a nuestro progreso material, vamos muy a la zaga no sólo en materia de educación, problema ya instalado en la conciencia social como prioritario, sino también en salud de calidad para todos. Por estos mismos días, expertos médicos denuncian que ni siquiera es viable el trasplante de ciertos órganos porque Fonasa y las Isapres carecen de un código para el necesario procedimiento.

 Nuestra condición humana es tal que muchas veces requiere de un caso conmovedor para comenzar a crear conciencia sobre una grave injusticia. Ojalá que la lucha de Coni provoque un remezón cultural y social que nos movilice para que estos dramas no vuelvan a ocurrir.

ABORTO: APRENDER A DEBATIR

Pocos temas dividen más profundamente a las sociedades modernas que el aborto. Cuando las posiciones sobre cuestiones valóricas se polarizan al extremo, suele generarse una negativa por parte de todos a aceptar incluso lo más evidente, por un temor no declarado de que si se admite que es de día, cuando efectivamente el sol está alto, quién sabe qué argumento sacará el oponente, apoyándose en esa admisión.

Es así como en las últimas décadas, las posiciones se han encrespado. Para los partidarios más extremos del aborto a libre elección y en todo momento, un feto de ocho meses no es un proceso de gestación de vida humana en estado muy avanzado, sino un mero montón de células. Para quienes se oponen al aborto de manera absoluta, un óvulo recién fecundado no es un proceso de gestación de vida humana en su primer paso, sino un ser humano.

 Para poder dar sentido a una política pública sobre esta materia, es preciso, en primer lugar, reconocer que es necesario que haya un debate social. Las sociedades que intentan resolver los dilemas que este tema conlleva mediante una decisión judicial de aplicación general, como fue el caso de los Estados Unidos, lejos de cerrar la cuestión, la agudizan. No es fácil lograr acuerdo sobre el aborto, no digamos ya en cuestiones de fondo, sino, para empezar, sobre los términos mismos del intercambio de ideas.

 Estos son algunos criterios que podrían ordenar el debate sobre el aborto:

 1.Partir por reconocer que antes del nacimiento de un ser humano hay un proceso de gestación de vida que pasa por distintas fases. Si ese proceso no se interrumpe por causas naturales o provocadas, se habrá dado a luz a una nueva persona.

 2.Aceptar que dicho proceso de desarrollo de vida es un valor que merece reverencia.

 3.Distinguir diferentes etapas en la gestación, partiendo por la fecundación del óvulo, seguida por su implantación en el útero y, más tarde, por distintos estados de desarrollo del sistema neurológico del feto, por el momento de su viabilidad (esto es, la capacidad de sobrevivir fuera del vientre de la madre, tiempo que los avances de la ciencia han ido adelantando) y por su nacimiento. Se pueden distinguir otras fases relevantes, como el momento en que es posible detectar graves anomalías congénitas en el feto.

 4.Admitir que, en cada fase, la interrupción o continuación del embarazo puede entrar en conflicto con otros valores que también merecen reverencia, como la vida o salud de la madre, su integridad psicológica (por ejemplo, si el embarazo es fruto de una violación) o las consecuencias personales y familiares del hecho de llevar a término un embarazo que no culminará en una vida humana mínimamente viable.

 5.Considerar, para cada etapa de la gestación, qué valor en conflicto debe tener precedencia y si corresponde o no aplicar alguna de las siguientes posibilidades: (a) la investigación científica y/o la fertilización asistida que supongan necesariamente disponer, en una muy primera fase, de uno o más óvulos fecundados; (b) la asistencia a la futura madre, por parte de los servicios públicos de salud, en la interrupción del proceso de gestación; (c) la orientación de parte de servicios públicos a la mujer embarazada que no se siente capaz de asumir su futura maternidad, para que la lleve a término y entregue a la creatura en adopción; (d) la prohibición del aborto y/o su penalización y a quién alcanzaría tal castigo.

Puede haber distintos otros criterios para debatir este arduo tema. Sin embargo, parapetarse en posiciones irreductibles e insostenibles, de uno y otro lado, es el menos conducente de todos.

HITCHENS Y HAVEL: EL TABANO Y EL PEPE GRILLO

Con breves días de diferencia han fallecido dos de las más potentes voces públicas de nuestro tiempo: Christopher Hitchens, el escritor y periodista británico que se erigió como el tábano mayor de la intelectualidad de hoy, y Vaclav Havel, el dramaturgo checo, gentil y justo, pero perseverante hasta el sacrificio, que lideró la “revolución de terciopelo” y llegó a ser presidente de su país.

A fines del siglo XX , el nombre de Havel se pronunciaba con un respeto político y moral reservado para figuras de la estatura de Mahatma Ghandi, Martin Luther King o Nelson Mandela. Como todos los nombrados, Havel fue un gran profeta; no, por cierto, en el sentido corriente de quien vaticina el futuro, sino en la connotación bíblica de quien, a riesgo personal, persiste en denunciar las iniquidades del poder, sin intereses ulteriores, guiado sólo por un imperativo ético de justicia. Como uno de ellos – Mandela - Havel fue un profeta al que las circunstancias impusieron más tarde el papel de rey (para seguir con la imagen bíblica). Esto es, le tocó, tal como al líder sudafricano, gobernar a su pueblo en los azarosos tiempos de transición de la oscuridad a la democracia. Ambos – Mandela y Havel – comprendieron bien que en ese nuevo papel sus decisiones afectarían no sólo a ellos mismos y a su entorno más íntimo, como cuando levantaban su clamor en los largos años de resistencia contra la dictadura, sino a toda la nación sobre la que presidían. Y ambos hicieron gala de lo que Max Weber llamaba “la ética de la responsabilidad”; esto es, sin dejar de ser guiados por un claro norte moral, tenían siempre en cuenta las consecuencias previsibles de sus decisiones, mirando al largo plazo. Ambos fueron también desprendidos, sin apego indebido al poder, dejando un ejemplo señero para sus sucesores. De Havel y Mandela, así como de Ghandi y King, se puede decir que fueron una voz de conciencia moral, una especie de Pepe Grillo de sus pueblos y de la humanidad.

Christopher Hitchens, en cambio, encarnó la figura del tábano que con su aguijón mantiene despierta a la comunidad, denunciando tropelías y falsedades, sin detenerse a pensar en consecuencias.

Poseía una amplia cultura y una inteligencia aguda y rápida como pocos. Era temerario hasta hacer sospechar a muchos que padecía de una suerte de adicción al enfrentamiento. Fue siempre arrogante en su corrosivo desprecio por la superstición y la superchería. Fue también ateo vehemente, izquierdista de largos años, más tarde acusado de derechización por su apoyo a la invasión de Irak, y crítico virulento de figuras tan contrastantes como Henry Kissinger y la Madre Teresa de Calcuta.

En su “Juicio a Kissinger” sostiene que el ex estadista estadounidense debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad, incluyendo su apoyo al grupo que asesinó en Chile al General Schneider, en 1973. Su obra “Dios No es Bueno” (dudosa traducción de “God is not Great”) es uno de los más apasionados de los muchos textos antirreligiosos que se han publicado en los últimos años (si excluímos el desbordado libro “La Puta de Babilonia”, del colombiano Fernando Vallejo). Uno no necesita estar de acuerdo en todo con Hitchens para dejarse interpelar por su escepticismo y su elocuente iconoclastia. En mi pasaje favorito de sus escritos, él narra un debate sobre religión que sostuvo con un teólogo católico. Su contrincante le preguntó en un momento si no se sentiría más seguro caminando de noche por las calles, si supiera que un grupo numeroso de personas que viene en dirección suya acaba de salir de una sesión de oración. Hitchens respondió: “para quedarme sólo con la inicial “B”, sucede que yo he estado en Belfast, Belgrado, Beirut, Bagdad y Bombay; en todas estas ciudades me moriría de miedo al saber que en medio de la noche me encontraría con un grupo que viene de una sesión de oración”.

Adiós, pues, a un gran tábano; menos sensato, quizás, que George Orwell o de una lógica no tan rigurosa como la de Bertrand Russell, pero un feroz discípulo de una misma británica tradición.

EL CASO DE LOS EXONERADOS

La Comisión Rettig certificó a más de 3.000 víctimas fatales de violaciones de los derechos humanos. Luego de 20 años, se supo de seis calificaciones equivocadas, esto es, un 0,02%, porcentaje bastante inferior a la tasa de error judicial. La Comisión Valech concluyó, inicialmente, que cerca de 29.000 personas habían sufrido prisión política durante la dictadura militar. Su trabajo también fue riguroso: Una vez reabierta, se presentaron más de 30.000 nuevas peticiones, pero sólo se aceptaron 9.800 de ellas. En cambio, las reparaciones a los exonerados políticos (personas despedidas de cargos públicos por razones políticas) se han desbordado. De los más de 150.000 casos aceptados, muchos miles están mal calificados.

¿A qué se debe esto? Primero, a una circunstancia muy humana: Hay quienes son víctimas de una violación de sus derechos fundamentales; hay quienes creen de buena fe, pero equivocadamente, que calzan en la descripción legal de cierta categoría de víctimas; hay quienes sienten que han sufrido otras injusticias y consideran correcto obtener alguna reparación, aunque sea por un motivo distinto; por último, hay quienes directamente se aprovechan de los vacíos de la ley para tratar de conseguir un beneficio. En el primer grupo, el de las víctimas genuinas, no faltan las personas renuentes a buscar compensaciones legales. En el último grupo abunda la falsedad y sobran los gestores que ofrecen “tramitar una reparación”.

La segunda razón por la que ha habido desorden y abuso en el caso de los exonerados, es la falta de rigor en los procedimientos para calificar los casos, a diferencia de lo sucedido con los desaparecidos, ejecutados, presos y torturados.

Una tercera causa es el cálculo político. Cuando son decenas de miles los potenciales interesados en que el proceso de calificación de exonerados se extienda una y otra vez, y en que los resguardos legales sean escasos, en cada circunscripción electoral habrá muchos votos en juego. Se crea así un incentivo torcido dentro del mundo político, sea para apoyar el sistema cuestionable o para cuidarse de no denunciarlo.

Agreguemos que en Chile las tradiciones de periodismo investigativo han sido más bien escuálidas (situación que tiende a cambiar un tanto) y tendremos una situación que permite que se cometa una gruesa irregularidad y que ésta permanezca escondida por largos años.

A medida que la Guerra Fría iba llegando a su fin y se dejaban atrás dictaduras de distinto signo, se instaló en todo el mundo la noción de que es preciso enfrentar el pasado de violaciones de los derechos humanos como un deber moral y como parte ineludible de la construcción de un sistema democrático justo y sustentable. Dentro de ese cuadro, un componente de elemental justicia, es la reparación a las víctimas de tales violaciones o a sus familiares. Chile y Argentina, por distintos caminos, se hallan entre los países que más han avanzado en este sentido, aunque con algunos bemoles. Revelar distorsiones en ese proceso, lejos de debilitar tal propósito, lo fortalece, porque preserva su legitimidad para quienes de verdad merecen las reparaciones.

LA ETICA DE LAS TOMAS UNIVERSITARIAS

Me han dicho que no hay que enganchar con los comentarios críticos de los lectores de blogs. Creo, sin embargo, en el intercambio razonado de opiniones, aunque estoy consciente que sólo una escasa minoría lo practica.

En todo caso, escribo ahora pues se me ha tachado de inconsecuente porque yo, siendo "jurista" (calificativo empleado por mis críticos) y habiendo sido co-director del Centro de DD.HH. haya apoyado una "medida de fuerza" como la toma de los Estudiantes de Derecho de la Escuela de Derecho de la U. de Chile, en 2009.

Estrictamente, escribí en el anterior blog que "apoyé las demandas" de los alumnos en toma, pero no formulo esta precisión para rectificar mis propios dichos. De hecho, pienso que sí hay fundamentos para sostener la legitimidad ética de dicha toma, aunque haya también bases para discrepar.

Primero, los hechos: La toma de los alumnos de derecho buscaba cambios de fondo en la conducción de la Facultad y veía cerradas las avenidas institucionales. El movimiento fue disciplinado, reflexivo y pacífico. Sin negar que el mismo hecho de la toma es una medida extrema, por mucho que una tradición la haya establecido como una forma límite de presión universitaria, no creo baste con llamarla "medida de fuerza", como si ese calificativo fuese una carta comodín que acaba con la discusión.

No obstante, aunque dicha toma pudiera calificarse como acto de fuerza, pienso que hay cinco criterios éticos para, mirados conjuntamente, decidir si una medida extrema es o no legítima. Por "medida extrema" entiendo, desde luego, el empleo de la fuerza (sea bélica, policial o entre particulares), pero también calzan dentro de esta noción medidas excepcionales como represalias comerciales, restricciones impuestas en razón de una emergencia o el castigo penal, entre otras.

Los cinco criterios éticos son los siguientes:

(a) Que una autoridad legítima disponga la medida extrema. Si tal autoridad no existe, no funciona o se cierra sin razones a justas demandas, toca a la comunidad respectiva decidir.

(b) Que haya una causa justa y de gran importancia.

(c) Que exista una intención recta, esto es, que la medida extrema se adopte para tratar enfrentar un problema grave, no para fines espurios e inconfesados.

(d) Que la medida sea un último recurso, porque ya se agotaron otras alternativas o éstas no se hallaban disponibles.

(e) Que la medida extrema sea "proporcional", es decir, que los daños que previsiblemente se puedan causar al aplicarla no sean mayores que los males que se procura remediar.

Pienso que la toma de la Escuela de Derecho de 2009 cumplía con estos requisitos, salvo el cuarto, del "último recurso", que es debatible. Opino también que dicho movimiento habría anticipado un malestar estudiantil que este año se desplegó multitudinariamente. Y estoy convencido que las autoridades universitarias o políticas difícilmente se deciden a enfrentar problemas complejos y de larga y costosa solución si no suenan a rebato las campanas de la urgencia.

EL ACUERDO DE VIDA EN COMUN

Es sabido que todo progreso social siempre supone un cambio mayor que, como tal, tiende a ser fuertemente resistido por distintos sectores. Eventualmente, el nuevo criterio termina por imponerse, aunque sea a despecho de muchos. Más tarde, quienes se oponían a lo nuevo comienzan a tolerarlo. Luego lo aceptan. Mucho después, virtualmente a todos les parecería inconcebible que se regresara al pasado.

Los ejemplos abundan, desde la abolición de la esclavitud y la ilegalización de la tortura, pasando por normas mínimas de protección laboral y la aprobación del voto femenino hasta llegar a temas como el reconocimiento de distintas identidades u orientaciones sexuales. Todos estos avances fueron intensamente resistidos en su tiempo.

Es cierto que nunca faltan los trasnochados que siempre quisieran volver a un pasado remoto, pero en el gran esquema de la sociedad no pasan de ser una excentricidad anacrónica.

El punto crítico se halla en el debate público previo a la aprobación de una reforma de envergadura sobre cuestiones de ética social. Tales proyectos suscitan en algunos sectores profundas aprensiones. Ello se explica porque si bien todo progreso supone un cambio, no todo cambio termina siendo un progreso y los más conservadores (que no son pocos) instintivamente presumen que ese será el caso de cualquier innovación que esté en el tapete.

Con todo lo anterior en mente, pensemos en el actual debate sobre los derechos y compromisos mutuos de parejas estables del mismo sexo.

Tres son las principales posiciones que se perfilan en esta materia y ellas agrupan partidarios y adversarios más allá de alineaciones o alianzas políticas: (i) confinar las regulaciones legales a aspectos económicos; (ii) regular un Acuerdo de Vida en Común (AVC) de alcance más integral y con cierto carácter de status civil, sobre lo cual la principal propuesta que está siendo considerada es una que formulara Andrés Allamand; y (iii) permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La diferencia entre las dos últimas alternativas estriba fundamentalmente en el simbolismo de la institución matrimonial, que los homosexuales y quienes apoyan sus demandas reivindican como una opción a la cual tienen derecho a acceder, mientras otros reclaman que se preserve su carácter de una unión entre un hombre y una mujer.

Opino que alguna forma de AVC es el mínimo aceptable y que terminará por imponerse. Si más adelante se llegará a caracterizarlo o no como matrimonio, no me parece posible vaticinarlo; puede ser que el poderoso simbolismo cultural de la institución matrimonial merme en el futuro o puede ser que se reafirme.

La principal razón por la cual pienso que al menos una modalidad de AVC será aceptado, más tarde o más temprano, es que todos los grandes cambios en materia de ética social en los últimos dos siglos han consistido en intentar superar formas de exclusión, discriminación o explotación en contra de determinados colectivos a cuyos individuos se había negado, tradicionalmente, la condición de personas, de ciudadanos o la igualdad básica en el goce de derechos fundamentales. Ninguno de esos cambios se produjo por una gentil concesión de parte de quienes detentan el poder, sino que fueron el fruto de arduas conquistas. Lo propio sucederá con algo parecido al AVC y, quizás, más tarde, con el matrimonio gay.

WIKILEAKS: ¿CUANDO SON LEGITIMAS LAS FILTRACIONES?

Muchos hemos fantaseado alguna vez con ser una persona invisible o una mosca en la pared en una oficina de deliberaciones secretas. Por ello, la divulgación de un cuarto de millón de cables diplomáticos de los Estados Unidos por Wikileaks fue irresistible. La prensa se abalanzó sobre el botín; el público lector se engolosinó; los gobiernos se alarmaron… Ante esto, ¿qué criterios habría que tener en cuenta para evaluar la conveniencia o licitud de las filtraciones?

En primer lugar hay una tendencia mundial hacia una mayor transparencia de la información pública. En Chile se dictó una Ley de Transparencia, en 2008, y se estableció un Consejo para la Transparencia, órgano estatal autónomo que ha funcionado bastante bien.

La idea de fondo es inobjetable: Si la soberanía reside en el pueblo y las autoridades están a su servicio, todos tenemos derecho a conocer la información pública. Sin embargo, el primer punto a decidir es, ¿qué debe ser considerado información pública?

La respuesta sería la siguiente: (a) los actos y resoluciones de las autoridades; (b) sus fundamentos y los documentos que les sirvan de base; (c) los procedimientos que se utilizan para tomar tales resoluciones; (d) la información elaborada con fondos públicos; (e) toda otra información en poder público, salvo excepciones calificadas.

No constituyen, en cambio, información pública, las deliberaciones de las autoridades de gobierno previas a tomar una decisión. Tales decisiones deben fundamentarse, por supuesto, pero las discusiones internas antes de adoptarse una medida o de sustentarla debidamente, no deberían estar abiertas al público porque de lo contrario se inhibiría el necesario proceso de debate y análisis.

Esto se aplica también al Poder Judicial: los fallos son públicos y deberían estar fundamentados. Sin embargo las discusiones internas de los miembros de una Corte, por ejemplo, para llegar a tal fallo y para sustentarlo, no podrían hacerse públicas sin afectar seriamente su trabajo.

En el Congreso, la situación es distinta. Las deliberaciones en sala y las audiencias de comisiones deberían, por lo general, ser públicas. Hay excepciones, pero son menos que las que se permiten al Gobierno o al Poder Judicial, porque existe un interés legítimo en conocer el proceso de debate político de los representantes elegidos por la ciudadanía.

Con respecto a las filtraciones, es necesario distinguir entre quién la hace y la prensa que la divulga. Esta última está cubierta, por lo general, por el principio de protección de las fuentes de información. Los que hacen la filtración pueden ser funcionarios públicos o personas privadas que sustrajeron la información por vía computacional o por otro medio.

A los funcionarios públicos se les permite revelaciones de hechos ocultos y se les debe proteger de sus consecuencias en ciertos casos: si denuncian fundadamente un crimen o delito (por ejemplo, un acto de corrupción o una violación de derechos humanos) por los canales regulares, a menos que éstos no funcionen debidamente. En Chile hay una Ley, desde 2007, que protege a tales denunciantes.

El caso de Wikileaks es diferente. Se trata de agentes privados que han obtenido información estatal, presumiblemente con la colaboración de funcionarios públicos y la han divulgado. Por lo que se sabe, la mayor parte de estos datos no calza con el criterio de qué debe ser considerado información pública para los efectos del principio de transparencia, ni tampoco se revelan delitos. La motivación no está clara, pero el modus operandi es sensacionalista.

Por mucho que la idea de fisgonear en la trastienda del poder sea atractiva para el gran público, esta práctica tiene humo de ilegalidad y puede socavar el mismo principio de transparencia, al generar un recelo en las autoridades gubernamentales (justificado o no) a toda medida de mayor apertura. En este sentido, el efecto sería parecido al que ocurrió con las solicitudes masivas de refugio político que ocurrieron años atrás, en algunos países del Hemisferio Norte, por parte de personas que no eran perseguidas. El resultado fue una mayor dificultad para obtener el status de refugiado por parte de quiénes sí lo necesitaban.

En suma, se trata de un ejemplo más de un buen principio (la transparencia) que se desvirtúa si se lo lleva al extremo.