LAS LLAMADAS "BECAS VALECH"

Se ha acusado a la Universidad UNIACC de promover activamente programas educacionales de baja calidad dirigidos incluso a personas sin calificación para cursar estudios superiores, pero portadoras de las “Becas Valech”.

Para situar debidamente este problema, recordemos lo siguiente:

Primero, que desde principios de los años 80 se viene consensuando, en todo el mundo, un conjunto de principios para enfrentar un legado de violaciones de los derechos humanos, como parte de un proceso de transición a la democracia. Segundo, entre estos principios se cuentan la revelación de la verdad de lo ocurrido, el reconocimiento de tal verdad, la reparación a las víctimas y la justicia.

En tercer lugar, sobre la verdad de lo ocurrido durante la dictadura, hubo en Chile dos comisiones. La denominada Comisión Rettig (1990-1991) que se concentró en casos de desaparición, asesinato y violencia política con resultado de muerte, los cuales suman más de tres mil, y la llamada Comisión Valech, sobre prisión política y tortura, que entregó su informe en 2004, calificando a cerca de 30 mil personas como injustamente encarceladas.

Ambas comisiones propusieron medidas de reparación para las víctimas o sus familiares. Estas medidas incluyen pensiones, atención de salud y becas de estudio. Otras leyes han otorgado beneficios a exiliados y a personas que fueron expulsadas (“exoneradas”) de la administración pública por razones políticas. Ha habido también reparaciones simbólicas, como la construcción de monumentos y parques conmemorativos.

El Estado ha gastado cuantiosas sumas en reparaciones, porque los daños han sido innumerables y muy graves. Se estima, generalmente, que las personas que han recibido reparaciones han sido bien calificadas como víctimas. Una excepción es la determinación de los exonerados políticos que incluye a miles de personas que no debieron haber sido reconocidas como tales.

Reparar es un deber moral y legal. Sin embargo, cuando hay beneficios económicos de por medio, tienden a suceder dos cosas. La primera es que, junto a las víctimas genuinas, otras personas intentan obtener beneficios. Algunas de ellas actúan con excusable ignorancia; la mayoría, no. Lo segundo que ocurre es que otros agentes tratan de lucrar en la medida que puedan. Se dice que este es la situación de la Universidad UNIACC y quizás de otros establecimientos educacionales. No me consta.

Lo que sí es claro es que hay que examinar a fondo las acusaciones. Chile ha sido uno de los países que más esfuerzos ha hecho por enfrentar el pasado de violaciones de derechos humanos. Esto se ha conseguido principalmente gracias a la presión sostenida de las propias víctimas y sus familiares. Lo que ellos han podido obtener no es una granjería, sino una reparación, quizás modesta, pero otorgada en un espíritu de justicia. Por lo mismo, no se puede dejar de investigar a fondo la posibilidad de que ese noble propósito haya sido contaminado por la mezquindad y la codicia.

Si se probara que hubo abuso, la política de reparaciones no perdería sentido. Pero sí se habrá aprendido una lección: hasta en los temas de mayor relevancia ética es preciso ser rigurosos. Quizás los legisladores aprobaron ciertas normas sobre reparaciones sin debidos resguardos, sea por considerar el tema políticamente tabú, por negligencia o por no querer enajenar a votantes potenciales. Y por ahí se pudo haber colado la trampa, que suele ser el repulsivo reverso de la medalla de la justicia.

LOS USUREROS DEL SIGLO XXI

Las grandes tiendas y los bancos ofrecen asiduamente créditos de consumo, por escrito y por teléfono. Sin embargo, la información que entregan está cuidadosamente diseñada para que los clientes se fijen preferentemente en la cuota mensual. En su mayoría, las personas miran sólo ese dato y concluyen: “esto lo puedo pagar”.

Las actuales tasas de interés de los bancos ascienden a alrededor del 33% anual, (sin contar seguros y otros posibles cargos). Tales tasas pueden no ser ilegales, pero en una economía estable, con inflación de un dígito, desde el punto de vista ético son claramente usurarias. Los intereses encubiertos en las ventas a plazo son bastante mayores; el comprador termina pagando hasta el triple del precio al contado.

¿Quiénes caen? Los que se fijan sólo en la cuota y no sacan otras cuentas, o bien los eternos encalillados que van empujando, cuesta abajo, una bola de nieve de deudas. Esto es, los de menores ingresos y los consumidores adictivos, las víctimas históricas de la usura. En suma, millones de personas.

¿Cómo hemos llegado a este estado de cosas? A partir de cuatro pasos:

Primero: Siglos atrás, la religión condenaba todo préstamo a interés. Se decía que si el dinero era estéril, no era justo que produjera frutos. Con el desarrollo del pensamiento económico, se comprendió la importancia de la intermediación financiera y se terminó por estimar lícito un interés razonable. No obstante, se siguió castigando el cobro de intereses superiores al límite legal.

Segundo: Comenzando con las revoluciones republicanas y liberales de fines del siglo XVIII, se fue avanzando hacia la prohibición de la esclavitud y de los estamentos o clases privilegiadas. Sin embargo se suponía que, aliviado de estas cargas históricas, hasta el ciudadano más modesto podía decidir por sí mismo, sin mayores trabas (por ejemplo el minero de carbón podía contratar “libremente” con el dueño de la mina). Por esa época se concluyó que el comprador debe cuidarse por sí solo y que no le toca al Estado proteger a la gente de su propia imprevisión. Claro que se continuó sancionando penalmente la estafa, esto es el daño pecuniario producido a otro mediante un elaborado engaño. Sin embargo, si no había una maniobra engañosa, sino que simplemente algún incauto aceptaba comprar caro algo de inferior calidad, el problema era suyo. No se necesita mucha sagacidad para advertir que la regla de dejar que los consumidores se cuiden solos estaba pensada para las personas con mayor educación y recursos económicos.

Tercero: Las tendencias económicas dominantes, en los últimos 30 años, enfatizan la libertad de emprendimiento. Ésta es esencial para el progreso, pero contiene tanto impulsos creativos como depredadores. El desafío, entonces, es fomentar los primeros y regular los segundos. Sin embargo, los empresarios protestan contra toda regulación alegando que puede asfixiar la capacidad de iniciativa. Ello es cierto cuando es desmedida; pero una regulación demasiado débil da rienda suelta a la depredación.

Cuarto: la inversión y el consumo son pilares de las economías abiertas. Sin embargo, con la publicidad moderna, la disponibilidad de créditos y el estilo de vida urbano contemporáneo, se pasa fácilmente del consumo al consumismo.

Consideremos todos estos factores y veremos que la usura de hoy día está encubierta en los préstamos bancarios y, todavía más, en las ventas a plazo. ¡Que el comprador se cuide solo! ¡Qué chiste cruel! La verdad es que, en nombre de respetarles su supuesta libertad de elección, los más necesitados siguen trabajando para adquirir lo necesario (y hoy, también lo superfluo) en los equivalentes actuales de la antiguas pulperías.

¿Soluciones? Una mejor legislación sobre la usura abierta o encubierta; más eficientes servicios de protección e información para el consumidor; y estudiar si hay sistemas eficaces que permitan a los consumidores de menos recursos ahorrar primero y pagar al contado después, desembolsando la mitad o menos de lo que acostumbran pagar.

SERÁ MALO, PERO ES MÍO

En estos tiempos de demandas sociales (en su mayor parte, saludables) por mayores grados de transparencia pública, inevitablemente salen a la luz aspectos tenebrosos de grupos, instituciones o personas. Frente a ello, se dan dos opciones principales: reconocer o negar.

En relación con lo segundo, la psicología maneja los conceptos de negación y renegación. Con permiso de los expertos, lo diré en términos corrientes y quizás algo imprecisos: ambas son formas de defensa emocional frente a hechos reprochables o traumatizantes. Por ejemplo, un niño abusado por sus padres, puede bloquear esos actos chocantes que entran en conflicto con su sentido de afecto, protección o identidad. O bien, personas adultas que mantienen una fuerte adhesión hacia un colectivo (partido político, iglesia, país), una causa o un líder determinado, con frecuencia rehúsan reconocer – o siquiera a abrirse a discutir - hechos reprobables que puedan poner en entredicho sus lealtades.

En inglés existe el dicho: my country, right or wrong. Su sentido es: “estoy con mi país, tenga o no la razón”. En la historia de Chile, más de una vez se ha escuchado decir: “aunque éste sea un gobierno de porquería, es mi gobierno”.

El sentimiento - sea sincero o exacerbado por presiones externas - de lealtad patriótica o partidista ha producido, históricamente, una profusa serie de negaciones. Lo propio ocurre con las adhesiones basadas en otros rasgos de identidad compartida, sean éstos de tipo religioso o de pertenencia a distintas “tribus” sociales.

Estas reacciones primarias están enraizadas en dos propensiones poderosas: Por una parte, afirmar la propia identidad y, como corolario, sospechar de los “otros”, de quienes están más allá de los límites de mi familia, sector o colectivo; por otra parte, el impulso de conservación, el cual conlleva la tendencia de la defensa a ultranza de los intereses personales y grupales. Las normas éticas, que significan tomar en cuenta los intereses y derechos de todos, incluidos los “otros”, suponen un estadio superior de evolución social, hacia el cual hemos ido avanzando sólo lentamente.

Con todo, en los últimos 40 a 50 años, ha ido ganando terreno, poco a poco, una tendencia a conciliar lealtades y críticas. Un factor central en este proceso ha sido la difusión de principios de ética política y social de aceptación internacional: derechos humanos, protección del medio ambiente, probidad y transparencia… Así, hoy es posible escuchar – sobre todo entre los más jóvenes – expresiones de apoyo a un gobierno, institución o persona, junto a reproches por tal o cual acto o política. Ejemplo de ello han sido los reconocimientos por violaciones de derechos humanos del pasado que se han hecho en distintos países, los cuales incluyen también la admisión de hechos reprobables cometidos por el propio bando, como fue el caso de Sudáfrica; o bien la reacción de aquellos católicos que, sin renunciar a su fe ni a su lealtad hacia las autoridades eclesiales, no sólo reclaman que se examine a fondo el bullado problema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes, sino que también critican algunos aspectos de organización o doctrina de su iglesia.

No obstante, las voces de reacción maniquea que rechazan en bloque todo lo que sea un asomo de cuestionamiento hacia lo que consideran como propio, son todavía más ruidosas. Y es que una las cosas más difíciles de alcanzar es ser leal y crítico al mismo tiempo. Pero es también una de las más necesarias.