EL CASO DE LOS EXONERADOS

La Comisión Rettig certificó a más de 3.000 víctimas fatales de violaciones de los derechos humanos. Luego de 20 años, se supo de seis calificaciones equivocadas, esto es, un 0,02%, porcentaje bastante inferior a la tasa de error judicial. La Comisión Valech concluyó, inicialmente, que cerca de 29.000 personas habían sufrido prisión política durante la dictadura militar. Su trabajo también fue riguroso: Una vez reabierta, se presentaron más de 30.000 nuevas peticiones, pero sólo se aceptaron 9.800 de ellas. En cambio, las reparaciones a los exonerados políticos (personas despedidas de cargos públicos por razones políticas) se han desbordado. De los más de 150.000 casos aceptados, muchos miles están mal calificados.

¿A qué se debe esto? Primero, a una circunstancia muy humana: Hay quienes son víctimas de una violación de sus derechos fundamentales; hay quienes creen de buena fe, pero equivocadamente, que calzan en la descripción legal de cierta categoría de víctimas; hay quienes sienten que han sufrido otras injusticias y consideran correcto obtener alguna reparación, aunque sea por un motivo distinto; por último, hay quienes directamente se aprovechan de los vacíos de la ley para tratar de conseguir un beneficio. En el primer grupo, el de las víctimas genuinas, no faltan las personas renuentes a buscar compensaciones legales. En el último grupo abunda la falsedad y sobran los gestores que ofrecen “tramitar una reparación”.

La segunda razón por la que ha habido desorden y abuso en el caso de los exonerados, es la falta de rigor en los procedimientos para calificar los casos, a diferencia de lo sucedido con los desaparecidos, ejecutados, presos y torturados.

Una tercera causa es el cálculo político. Cuando son decenas de miles los potenciales interesados en que el proceso de calificación de exonerados se extienda una y otra vez, y en que los resguardos legales sean escasos, en cada circunscripción electoral habrá muchos votos en juego. Se crea así un incentivo torcido dentro del mundo político, sea para apoyar el sistema cuestionable o para cuidarse de no denunciarlo.

Agreguemos que en Chile las tradiciones de periodismo investigativo han sido más bien escuálidas (situación que tiende a cambiar un tanto) y tendremos una situación que permite que se cometa una gruesa irregularidad y que ésta permanezca escondida por largos años.

A medida que la Guerra Fría iba llegando a su fin y se dejaban atrás dictaduras de distinto signo, se instaló en todo el mundo la noción de que es preciso enfrentar el pasado de violaciones de los derechos humanos como un deber moral y como parte ineludible de la construcción de un sistema democrático justo y sustentable. Dentro de ese cuadro, un componente de elemental justicia, es la reparación a las víctimas de tales violaciones o a sus familiares. Chile y Argentina, por distintos caminos, se hallan entre los países que más han avanzado en este sentido, aunque con algunos bemoles. Revelar distorsiones en ese proceso, lejos de debilitar tal propósito, lo fortalece, porque preserva su legitimidad para quienes de verdad merecen las reparaciones.